El 18 de julio de 2024, a las 8:49 horas, el grupo narcoparamilitar Los Ardillos asesinó a María de Jesús Pasado Margarito, de 43 años, y a Alberto Verales Tepetitla, de 32 años, originarios de los municipios de Alcozacán y Buenavista, Guerrero. Ambos pertenecían al CIPOG-EZ, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata,
que pertenece al CNI (Consejo Nacional Indígena) Guerrero.
Unos días antes, miembros de la organización ya habían recibido amenazas de muerte por teléfono, de las que se informó al Estado mexicano en la entidad federativa de Guerrero. La organización también señaló los vínculos entre las instituciones estatales y el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades reaccionaron con indiferencia y silencio.
Alrededor de 20 comunidades indígenas del estado de Guerrero están organizadas en CIPOG-EZ, una organización política fundada en 1992 con el objetivo de defender a las comunidades amenazadas por el narcotráfico y construir un futuro digno en los territorios de Guerrero. Durante muchos años, la población indígena de esta región ha sido sistemáticamente oprimida a través de la expropiación de sus tierras, constantes ataques, secuestros e incluso asesinatos por parte de grupos criminales vinculados al narcotráfico.
Firma aquí para enviar un mensaje a las autoridades competentes y exigir el fin de la violencia y la impunidad.
(Lee el mensaje completo a continuación, que será enviado a las autoridades pertinentes con tu firma).
[Eilaktion beendet // Acción Urgente cerrada]
Exigimos el cese de la violencia contra miembros de la organización Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata ( CIPOG-EZ) y del Consejo Nacional Indígena (CNI)
Alemania, Europa, Mundo
24 de julio de 2024
Al gobierno de Guerrero
A la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgada
Al Presidente Andrés Manuel López Obrador
Al gobierno de México
A la autoridad judicial del estado de Guerreo
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Condenamos la persistente y creciente violencia de los narco grupos paramilitares que desde los años 90 asesinan, torturan y aterrorizan a las comunidades indígenas de Guerrero. Los asesinatos de María de Jesús Pasado Margarito, de 43 años, y Alberto Verales Tepetitla, de 32 años, de las comunidades de Alcozacán y Buenavista, ocurridos el 18 de julio de 2024, son otros dos ejemplos estremecedores de esta violencia. Una violencia que se beneficia de la impunidad, la ignorancia y la colaboración parcial de las autoridades municipales y estatales, la policía, la fiscalía y el gobierno del estado.
Ambos formaban parte del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en el que comunidades de Guerrero se organizan para defenderse de la violencia de los grupos narco paramilitares que ahora operan en todo México. El 15 de julio de 2024, dos miembros de la organización recibieron amenazas de muerte por teléfono, que fueron denunciadas a las autoridades estatales. También se reveló la conexión entre las instituciones estatales y el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades reaccionaron con indiferencia y silencio.
Pedimos a las instituciones del Estado mexicano que cumplan con su responsabilidad y garanticen la seguridad de sus habitantes. Rechazamos la violencia militarizada en Guerrero, vinculada al crimen organizado para limpiar zonas y así imponer los megaproyectos.
Hacemos corresponsables de estos crímenes a los tres niveles de gobierno: al presidente municipal de Chilapa y a Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, así como al gobierno federal encabezado por el partido Morena.
Exigimos:
- Justicia y castigo a los responsables del total de 54 personas asesinadas y la desaparición forzada de 21 personas.
- Alto a la narco-militarización de los territorios.
- El desmantelamiento del grupo criminal Los Ardillos.
- Detener el robo de los bienes comunes naturales y la destrucción de los medios de subsistencia de las personas.
En nombre de la comunidad mundial en defensa de los derechos humanos, el territorio y la tierra, pedimos al Estado mexicano y a las autoridades del estado de Guerrero que hagan todo lo que esté en su mano para detener la violencia y las violaciones de derechos humanos en Guerrero y proteger la vida de la población local.
Atentamente,
[Su nombre]