En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el estado mexicano está fabricando delitos fingidos a 18 defensores de la tierra. Entre ellos el agente comunitario de la comunidad indígena Binnizá, David Hernández Salazar. Su delito: Ejercer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, luchando contra la destrucción de su territorio y la naturaleza por el megaproyecto „Corredor Interoceánico“. Su castigo: 46 años y medio de cárcel así como una multa de millones de pesos. Firma aquí para mandar un mensaje a las autoridades responsables, exigiendo un alto a la criminalización de lxs defensores de la tierra y la revocación de la sentencia contra David!
(Lee abajo el mensaje completo que por tu firma se enviará a las autoridades correspondientes.)
[Acción Urgente cerrada]
Exigimos el desistimiento de la causa penal Tehuantepec-446/2022 y la revocación de la sentencia contra el defensor de tierra, David Hernández Salazar en Puente Madera, Oaxaca.
Alemania, Europa, Mundo
21 de febrero 2024
Autoridades Federales y Estatales deben garantizar la libertad del ejercicio de la defensa del territorio, los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como la seguridad, la integridad y la paz.
Al gobierno de Oaxaca
Al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz
Al gobierno federal de México
Al presidente Andrés Manuel López Obrador
A la Secretaría de Gobierno
Al Poder Judicial del Estado de Oaxaca
A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
A la Comisión nacional de derechos humanos
A la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca
A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Condenamos la criminalización y fabricación de delitos contra 18 defensores de tierra comunal y de territorios indígenas en el Istmo de Tehuantepec, en la causa penal 446/2022; en particular condenamos la sentencia ilegítima por parte de las autoridades judiciales y la Fiscalía General del estado de Oaxaca, emitida contra DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR (David), hablante de la lengua zapoteca, defensor de tierra comunal y agente comunitario de la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, Oaxaca.
El pasado 7 de febrero, David fue sentenciado a 46 años y 6 meses de prisión, una multa de $182,818 (ciento ochenta y dos mil ochocientos dieciocho pesos) y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015 (un millón cien mil quince pesos), por delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en San Blas Atempa, el 12 de febrero de 2022, mientras, en realidad, el defensor se encontraba en camino a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa de San Blas Atempa, hecho que se demostró en el juicio.
El Ministerio Público de Tehuantepec, así como el Juez de Distrito ignoraron y desecharon por completo la información arrojada durante los días del juicio, que demuestran la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante.
Frente a fabricación de delitos contra David y otras 17 personas defensoras del territorio, incluidas en la causa penal 446/2022 emitida por el aparato de justicia en Oaxaca, señalamos que esta criminalización a la protesta social por la defensa del territorio y de la vida, se da en un contexto de oposición a la imposición de 10 parques industriales, que forman parte del desarrollo del gigaaproyecto “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” impuestos sin consulta previa libre, informada y con pertinencia cultural, violando el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, así como los derechos de la Madre Naturaleza, dadoque, la comunidad de Puente Madera había impugnado una falsa asamblea, realizada el 14 de marzo de 2021, por diversas irregularidades, como la presencia de acarreados y la firma de personas fallecidas.
Desde la comunidad global en defensa de los derechos humanos, y de la defensa del territorio y de la tierra, hacemos un llamado al Estado mexicano y a las autoridades del estado de Oaxaca, a detener la fabricación de delitos y la criminalización de la protesta social, así como la condena ilegítima de personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y del territorio, en medio de la militarización e imposición de megaproyectos en zonas ancestralmente poseídas por pueblos originarios del Estado de Oaxaca; en este caso del pueblo Binizaá de Puente Madera.
Demandamos libertad incondicional para David Hernández Salazar y el desistimiento de los cargos y órdenes de aprehensión, en contra de los otros 17 acusados en la causa penal 446/2022, en base a su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de su territorio, bienes naturales y tierra comunal.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente para que el Estado mexicano detenga la criminalización de la protesta social y de la defensa de derechos humanos y de la naturaleza.
Attentamente